En el contexto histórico del derecho al trabajo, hemos visto de diferentes perspectivas de cómo nace este derecho, recordemos que en la historia, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, hubo cambios drásticos en la economía de algunos países, es decir, las políticas económicas entre naciones tuvieron un giro distinto, seguramente has escuchado hablar del capitalismo y del socialismo y quizás te preguntarás en cual sistema se encuentra nuestro país, bien primeramente diremos que el socialismo es un sistema económico donde los medios de producción están controlados por el Estado, donde presumiblemente la clase trabajadora está al poder del mismo Estado, en el sistema capitalista, los medios de producción están en mano de la iniciativa privada, donde la intervención del Estado, es un simple regulador de las relaciones que se den entre patrón y trabajador. Cuando pensamos en nuestro país y lo queremos ubicar entre el sistema capitalista o socialista, nos encontramos que al hacer un análisis previo de estos dos sistemas y compararlo con la política económica de nuestro país, observamos que éste parte de una política capitalista, pero también dentro de nuestro marco constitucional tenemos a la socialista, por lo cual, resulta un tanto complejo ubicar a nuestra nación en alguno de estos sistemas, en el siguiente texto veremos desde la perspectiva del autor, el acontecer en la historia de la política económica y la del derecho al trabajo.
La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por una profunda crisis económica (1929) y dos guerras mundiales devastadoras. Ante ello y de manera asimétrica, los Estados-nación emprendieron una suerte de reconstrucción social, económica y política. Una parte de Europa del Este y Rusia, caminaron en la consolidación de un Estado socialista, mientras que Estados Unidos e Inglaterra construían un modelo que intentaba ser la respuesta y la alternativa al fantasma que recorría Europa. A éste se le llamó estado del bienestar, un exponente de un modelo estatal más amplio, el Estado intervencionista.
El estado del bienestar se construyó con la base de un pacto social denominado keynesiano debido a la implementación de políticas económicas de Estado planteadas por el economista inglés John Maynard Keynes. Como respuesta y alternativa al avance del socialismo en Europa, y otras partes del mundo, los Estados capitalistas articularon este nuevo pacto social –en Estados Unidos, conocido como el new deal–, que moderaba las políticas económicas liberales y otorgaba amplias subvenciones sociales, con el objetivo político, entre otros, de neutralizar a las clases subalternas en posibles intenciones de virar hacia el socialismo, pues la clase capitalista lo consideraba como el verdadero peligro para sus intereses. Además, la crisis de la posguerra había dejado tanta devastación que ya no sólo era opcional, sino imprescindible y urgente la intervención del Estado para resolver los problemas tanto económicos como de integración social.
Las técnicas económicas keynesianas tenían como propósito incentivar la demanda por medio del suministro de ingresos a la población y, sobre todo, a aquella que estuviera en condiciones más adversas. Esto fue posible mediante una política de Estado de pleno empleo y el diseño de una serie de programas sociales articulados entre sí como seguros sociales, asistencia social, pensiones a huérfanos, madres solteras, personas en situación vulnerable; a estos programas articulados entre sí se le llamó “seguridad social”.
El estado del bienestar, de esta forma, se convirtió en una estructura de poder político que dedicó sus capacidades a modificar y regular, por medio de medidas legislativas y administrativas, las fuerzas del mercado. El Estado se asume como el principal regulador de la economía, sin modificar la esencial lógica del capitalismo.
Entre el Estado típico liberal y el capitalista del bienestar, hubo un importante matíz, que consiste en el fuerte impulso hacia las políticas sociales que tiene este último. Políticas sociales que no se constituyeron en una graciosa concesión a las clases subalternas, sino en parte consustancial al tipo de Estado implementado durante la posguerra por muchos países capitalistas. Cuando dichas políticas sociales se establecieron no sólo como programas temporales de gobierno, sino como parte de la legislación estatal y su contenido protector enaltecido en las constituciones políticas de los Estados, aquéllas se volvieron derechos adquiridos por toda la población, comprometiendo al Estado en su garantía; no obstante, el alcance y efectividad de estos derechos no fue homogéneo en todos los Estados que implementaron políticas económicas keynesianas.
Por supuesto, imposible imaginar el logro de estos derechos sociales sin las fuertes luchas emprendidas por la clase trabajadora desde el siglo XIX y la resistencia del poder político a aceptar sus demandas. De ahí que también se diga que el estado del bienestar fue un pacto social entre la clase económica gobernante y la clase obrera, un pacto entre el capital y el trabajo, para seguirle dando viabilidad y estabilidad al sistema capitalista.
El perfil del estado del bienestar se delineó como intervencionista en el plano económico y asistencial, y en el plano social; esto quiere decir que las políticas keynesianas tenían características expansivas o de crecimiento en el plano económico, en tanto eran redistributivas en el plano social.
Lo primero, la política económica de expansión o de crecimiento, se lograba por medio de un fuerte estímulo de la demanda de bienes, es decir, el Estado intervenía directamente en la creación de empleos y el suministro de ingresos a la población que carecía de ellos. El Estado se endeudaba y ponía en marcha la actividad productiva mediante la creación de empresas públicas, por ejemplo, la generación intensiva de obra pública.
Lo segundo, la política estatal de redistribución, se materializaba a partir de redistribuir las rentas para beneficiar a la clase asalariada. El establecimiento de la categoría económica del “salario mínimo”; la política de Estado de mantener el valor adquisitivo real de los salarios; el derecho a jubilación y demás prestaciones laborales así como las subvenciones económicas a grupos sociales en estado de necesidad que no tenían una relación laboral, fueron las políticas sociales que suministraron la dosis conocida de legitimidad de este tipo de Estado.
Como ya lo vimos anteriormente, hacemos una referencia a la política económica del inglés John Maynard Keynes, la cual los Estados capitalistas, principalmente Inglaterra y los Estados Unidos, antes los avances o cambios económicos que presentaban los Estados socialistas, estos y otros países capitalista para evitar que la clase trabadora buscara posiblemente a través de la lucha armada un cambio en la política económica siguiendo la tendencia del socialismo, implementaron una serie de programas sociales siguiendo el modelo keynesiano el cual se busco un crecimiento económico, con la intervención directa del estado en la creación de empleos en las regiones donde más demanda de este había, por medio de empresas patrocinadas por el mismo Estado, el cual absorbía cualquier gasto que esta pudiera generar, e incluso se llego a endeudar el mismo Estado. El estado capitalista buscaba que la clase asalariada tuviera un poder adquisitivo de compra, que tuviera programas sociales en los cuales las necesidades básicas de la clase trabajadora fueran cubiertas, esto es lo que se conoce como Estado interventor, donde la política del propio estado era estimular el crecimiento y la expansión económica a través de la creación de empresas publicas, de lo cual como hemos visto que ese estado de bienestar no fue un conducente en el cual estas políticas económicas se lograran mantener y por ende el Estados termino cediendo en otros sistemas económicas donde la iniciativa privada empezó a crear sus propios modelos económicos de crecimiento en el cual hubo una serie de cambio en la economía de la clase trabajadora.
Fuente:
Perspectivas del trabajo en México / coord. Alfonso Bouzas Ortiz; pról. Arturo Alcalde Justiniani. –- México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 2010. 348 p. ; ISBN 978-607-02-1270-3.
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