Es muy importante tener en nuestra mente, para efectos tener una mejor noción del sentido del crédito que el origen del vocablo “crédito” proviene del verbo latino “creer” y se relaciona con la noción de tener confianza. Si este último elemento no está presente, es prácticamente imposible que oferentes y demandantes de financiamiento puedan sostener una relación contractual eficiente. Hagamos un análisis del presente tema.
Desde la perspectiva de la banca comercial, los altos intereses que caracterizan al crédito que se otorga a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) obedece, entre otras cosas a su alta mortalidad; a la insuficiencia en la información sobre estas empresas; asimetrías de información y selección adversa; riesgo moral; dependencia de las garantías en la obtención de créditos; un orden jurídico deficiente y una creciente informalidad en la economía (Lecuona, 2009).
Los mayores riesgos que enfrentan las PyMES para sobrevivir explican las mayores tasas de interés que tienen que pagar por los créditos que requieren. Por otro lado, es común que las PyMES cuenten con una estructura poco profesional, con un escaso uso de técnicas contables y financieras y donde las finanzas personales del propietario se mezclan con las de su negocio; lo que provoca, en varias ocasiones, daño moral cuando el empresario no destina los préstamos para incrementar la capacidad productiva de su negocio, sino que lo desvía a otros gastos. Lo anterior aunado a la gran informalidad con que operan este tipo de unidades y la escasa facturación, ocasionan que la información requerida para el otorgamiento de un crédito sea escasa y poco confiable.
Otra consecuencia de lo anterior es que ante la inexistencia de información contable y la ausencia de historiales crediticios, los bancos requieran de más documentación y garantías para otorgar un préstamo, incrementando con ello los costos de transacción. La escasez de información alimenta también el problema de selección adversa; no obstante, también es justo señalar que en la mayor parte de los países en desarrollo, las instituciones financieras carecen de empleados con la preparación suficiente para evaluar proyectos de inversión de forma adecuada (FitzGerald, 2007). En el mismo sentido, el IMCO (2012) establece que la legislación mercantil del país eleva los riesgos para hacer negocios, en especial para los intermediarios financieros, pues los acreedores se ven afectados de forma importante al momento de demandar el incumplimiento de un contrato, ya que durante ese tiempo los créditos no pagan ni generan intereses. Otro de los problemas relacionados con la debilidad jurídica se encuentra en la falta de especialización de los tribunales civiles, los cuales atienden todo tipo de asuntos (familiares, patrimoniales y mercantiles), lo que ocasiona que los costos relacionados con el otorgamiento de créditos aumenten pues tienen que cubrir el riesgo jurídico.
Para concluir con nuestro tema y a manera de análisis, podemos agregar que La primera condición para obtener un crédito consiste en probar que se cuenta con ingresos y la segunda en demostrar que existe una probabilidad aceptable de que tales ingresos vayan a sostenerse en el tiempo. Si uno o ambos criterios faltan, resultará difícil contraer una deuda.
FUENTE:
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/378/02clavellina.pdf
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